En la edición número 25 de RIN (http://www.rinacional.com.ar/), en la nota “Cuestión de Soberanía”, señalábamos la importancia del proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo nacional sobre la Ley de tierras.
Actualmente, dicho proyecto se encuentra empantanado en el Congreso debido a las trabas puestas por la oposición para discutirlo ¿Qué intereses persiguen aquellos que hoy en día se niegan a dar una discusión necesaria y fundamental sobre la tierra en nuestro país? ¿En qué grado se ha extranjerizado el suelo patrio? ¿Es inconstitucional o no poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros? Repasemos.
El proyecto de ley, establece un límite del 20% de las hectáreas cultivables totales del país a la posesión que puedan hacer personas físicas o jurídicas foráneas, estén o no afincadas en el país. Además de la creación de un Registro Único de Tierras Rurales.
Pensar y oponerse…
El siempre mitrista y antinacional diario “La Nación”, haciendo honor a su lema: “Tribuna de doctrina”; ha adoctrinado bien a los suyos respecto a este tema en discusión, proporcionándoles “estudios serios”, datos y argumentos para intentar bloquear el tratamiento de esta ley en el Congreso.
El célebre matutino, publicó (28/08) “Un proyecto que requiere un intenso debate”; cuyo autor (no da su nombre) es un investigador principal del Conicet. En la misma, sostiene: “El país carece de información confiable sobre las propiedades extranjeras de tierras rurales. La Fundación Pensar sobre la base de datos ciertos ha relevado 5.800.000 hectáreas, lo que sería un 3,4 por ciento del total. Federación Agraria Argentina lo estima en 17.000.000 de hectáreas, pero en sus estudios no identifica el origen de sus estimaciones”. Vale decir, que la Federación Agraria es poco seria, ¿Quién es dicha Fundación que generosamente se encarga de proporcionarles datos a los descendientes de don Bartolo?
La fundación Pensar, compone su Consejo de Administración por los siguientes figurones: el rabino sionista Sergio Bergman, Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Luciano Miguens (SRA!), Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros. Su Presidente honorario es el erudito pensador Mauricio Macri, para más data. O sea, el PRO y la Sociedad Rural Argentina ponen los datos, “La Nación” los publica, algún patrocinio de los grupos concentrados nunca falta y un par de diputados (tal el caso de Juan Casañas de la UCR y la duhaldista Graciela Camaño del PJ Federal) emprenden la embestida en el Congreso en contra del Gobierno nacional. Es decir, la rosca oligárquica se opone de esta manera a una medida de tinte nacional, para que no se vean perjudicados sus intereses.
Los argumentos
Según Camaño: "Es una iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra". ¿Es el proyecto de ley compatible con nuestra Constitución nacional? En su artículo 20, nuestra Constitución establece que los extranjeros “gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, entre ellos, “poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Este artículo se refiere claramente a los extranjeros que ya se encuentran establecidos en el país, y aún así una interpretación formalista de este precepto no se ajusta a la velocidad con que se mueve el capital en el siglo XXI. Nicolás M. Perrone considera que: “Cabe preguntarnos si estas inversiones están establecidas en la Argentina o esperando mejores condiciones para partir a otras latitudes en sólo cuestión de horas. A primera vista, al menos en mi opinión, éste no es el capital del que hablaba Alberdi en sus Bases”. Considera también que: “los capitales extranjeros no están necesariamente alineados con los objetivos de largo plazo del sector nacional tanto privado como público” (…) “Además, muchos emprendimientos extranjeros, no han hecho un uso sustentable de los recursos”.
Por otro lado Juan Casañas sostiene que “el proyecto no especifica demasiado”, y este solo argumento le basta para intentar impedir su tratamiento. Demás está decir que esa es justamente su función en el Congreso. El radical, candidato a la vicegobernación de Tucumán en las elecciones del domingo pasado, se afilió a la FAA en 2008, en pleno conflicto agropecuario. Su presencia en los cortes de ruta le valió el apoyo de los dirigentes gremiales. “Su labor nos defraudó un poco. Pensábamos que iba a seguir la línea de FAA pero no fue así”, sostuvo a Página/12 Miguel Pérez, presidente de la filial de Tucumán de FAA.
La situación en Mendoza
“En zona de frontera tiene que ser más estricto el control, más cuando la zona está en las cuencas altas de los ríos, como sucede en Mendoza”. La sentencia es de Nelly Gray, doctora en Geografía y profesora en la facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, sobre la limitación a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Respecto a esto, recordó: “Las superficies que compraron los malayos (250 mil hectáreas en Malargüe, se trata de la mitad del total de la superficie en manos extranjeras, según estimaciones oficiales) y la de San Jorge se enclavan en zonas de frontera y en las cuencas altas de ríos. Esto se decidió sin una legislación de protección de las tierras frente a objetivos de capitales extranjeros”. Por ello, se manifiesta a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso.
Por caso, Mendoza es solo el reflejo de lo que pasa en el resto del país. De allí, la necesidad de poner límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Sin embargo, aunque esta próxima ley no se propone liquidar la apropiación oligárquica y de los monopolios transnacionales de la tierra, es el comienzo para defender la soberanía nacional y la modificar las relaciones de propiedad agraria.
A pesar de aquellos que intentan expropiarnos el debate de los temas fundamentales, los argentinos debemos con orgullo reclamar y cuidar lo que nos pertenece: “El clima, el suelo y el paisaje”.
