Disculpe estimado lector si hemos ofendido su intelecto con la palabra que arriba aparece entre comillas. De ante mano le aclaramos que la utilización de dicho término soez, en estas líneas como verá más adelante, posee una connotación ideológica, política y cultural, y no escatológica. Tampoco tenemos nada en contra de los animales (en este caso vacas) que atienden al llamado de la naturaleza pero, si Ud. visitó el afamado predio de Palermo, en virtud de su tradicional exposición anual, habrá notado que allí había olor a “bosta” y no provenía justamente de los corrales, sino desde el atril. Es más, este año, la exposición ni siquiera contó con la presencia de Cleto (nos referimos al famoso… el toro Cleto). Y no se pudo hacer presente, ya que está en campaña el “privilegiado” mendocino, de igual nombre, niño mimado de la S.R.A.
Un clásico subido de tono
En la tradicional muestra agropecuaria, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, volvió a desenfundar contra el gobierno nacional. Sabido era que el discurso, ya un clásico, sería crítico hacia el gobierno pero en este caso, cual si estuviera de campaña, el presidente de la entidad que nuclea a las patronales agrarias dejó perplejos con su dureza aún a los dirigentes políticos opositores que concurrieron a “solidarizarse” con sus reclamos, entre ellos Macri, De Narváez, Prat Gay, entre otros.
Mucho podríamos decir respecto de lo señalado por Etchevehere, el cual es un férreo defensor del “Estado mínimo” y la libertad de empresa. Sin embargo será motivo de otra nota. Aquí, nos detendremos en lo que él denomina “presión fiscal” ¿Existe tal presión? ¿Cuál es su magnitud? O acaso es sólo un mito. Veamos.
La “presión fiscal” en números
Según consigna el Informe del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP) dirigido por Ernesto Mattos, titulado “Las corporaciones agrarias y la presión tributaria”, señala que dicha presión “no existe”.
El trabajo indica que, a pesar de las críticas lanzadas desde la Sociedad Rural, “podemos evidenciar que el sector económico que genera la mayor cantidad de divisas a través del comercio exterior es el que menos aporta a la recaudación”. Sostiene que el 6% de los productores sojeros representa “el 54% del total de la producción primaria de soja” y evalúa que la denuncia de una “presión impositiva” proviene de “una minoría asociada al capital transnacional de granos”. A decir de Dan Morgan, “Los traficantes de granos”.
Según el Informe, las corporaciones agrarias y las empresas multinacionales que operan en el sector aportan sólo un 11% de lo que ingresa a las arcas públicas en concepto de comercio exterior. Así, por ejemplo, los aportes impositivos de las grandes empresas rurales fue menor a lo recaudado en concepto de Impuesto a las Ganancias, que el año pasado aportó el 20% de la caja total, el 18% de los trabajadores con ingresos superiores a $ 8.400 aportan más que quienes participan del comercio exterior (¡!).
El mencionado análisis, a su vez, describe las distintas contribuciones entre 1999 y 2012. Por caso, y en relación con la provincia de Buenos Aires, indica que el principal impuesto por peso porcentual es Ingresos Brutos que tuvo, en ese período, una participación promedio del 75%. Por otro lado, lo correspondiente a Sellos “mantiene una participación promedio del 10%”, mientras que el tributo a los automotores se mantiene hasta 2012 en un promedio del 6%. En comparación, “el impuesto que se cobra a los terratenientes, denominado Impuesto Inmobiliario Rural, entre 1999 y 2012 realizó un aporte a la recaudación provincial del 3,25%; mientras que el Impuesto Inmobiliario Edificado y Baldío, aportaron un 9,1%, en el mismo periodo”. Es decir que, los propietarios de casas, departamentos, baldíos, etc., “aportaron el doble que los terratenientes” (¡!).
El estudio detalla que en millones de pesos esto significa que entre 1999 y 2012 “el impuesto inmobiliario rural contribuyó con $ 5.340 millones” mientras que si se suman el inmobiliario edificado y baldío “el acumulado del mismo periodo fue de $11.919 millones”, según la argumentación. Al comparar la estructura de recaudación entre 2003 y 2012, el trabajo señala que “la participación del Impuesto Inmobiliario Rural retrocede de 3,94% a 2,92%”, a la par que, acompañando esa reducción “el Inmobiliario Edificado y Baldío se redujo de 12,4% al 5,36%. Para 2012, el impuesto que compensa esa reducción es Ingresos Brutos, que pasa del 66,04% al 74,62%, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales”.
Mattos marca que “en estos últimos diez años el valor de la tierra creció 580% (en 2012 costaba U$S 18 mil la hectárea, mientras que en 2002 era de U$S 3 mil) con lo que su valor patrimonial se multiplicó por cinco sin que los impuestos se modificaran: paga más el vecino que tiene un departamento en La Plata que un terrateniente de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el especialista del CEMOP.
De aquí se deduce que, no sólo han recibido ganancias extraordinarias por los elevados precios internacionales (principalmente de la soja) y por, en relación, una baja contribución impositiva, sino por la impresionante revalorización de sus propiedades. Un negocio redondo.
Sintetizando, el informe resalta que el peso de los impuestos vinculados a la producción agropecuaria representa el 5,5% del PBI, cifra que viene bajando desde 2003, mientras que otros ingresos fiscales, como Seguridad Social, ganaron en importancia.
La devaluación y sus voceros
La estrategia que intentan implementar las grandes comercializadoras de granos, según el investigador del CEMOP, es “el desfinanciamiento del Estado”. Así se entiende que se negaran a vender la producción tiempo atrás y liquidar divisas, de suma importancia para el Estado, y de esta forma chantajear al gobierno. “La disminución de ese ingreso es lo que juega en contra; con el corte en la entrada de divisas y la especulación del dólar 'blue' buscaron generar ciertas condiciones (…) Estos últimos meses buscaron generar expectativas de devaluación, querían llevar el dólar a 10 pesos y así presionar al Estado en la dirección de una política antipopular. Federico Sturzenegger (economista, titular del Banco Ciudad y dirigente del PRO) decía que el atraso cambiario era del 30%”, recordó Mattos.
El beneficio, según el especialista, “es simple, el comercializador de granos duplica su poder adquisitivo porque si hay una devaluación puede comprar campos; los sectores más concentrados de la industria traen los dólares de afuera y compran cuanta empresa quieren para concentrar más”, concluyó.
La trinchera de presión (sectorial) es la SRA pero, sus intereses no son sólo los de los productores, representa también los intereses del sector exportador (léase los traficantes de granos); Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina- todas extranjeras- y Aceitera General Deheza, que son quienes controlan las divisas.
Estos señores, que pagan a los productores argentinos en pesos y cobran en el mercado internacional de granos en dólares, se niegan a liquidar esos dólares en la Argentina, lo que genera (por obra y gracia de la ley de la oferta y la demanda) que en el país escasee la divisa norteamericana y aumente el precio del dólar paralelo. Mientras tanto abogan por menor presión fiscal de la mano del perdulario Etchevehere.
Del campo a la industria
En 1866, Domingo F. Sarmiento esbozó las siguientes palabras sobre la naciente Sociedad Rural, esos ganaderos a los cuales denominó como una “oligarquía con olor a bosta de vaca”. Lo decía por la resistencia de los mismos a llevar adelante un plan agrícola.
Parafraseando al “loco” Sarmiento, decimos que estos paquetes con olor a bosta, aliados naturales de las transnacionales monopólicas de los “agro-negocios”, se resisten a que la Argentina se industrialice y pueda recuperar sus mejores tradiciones históricas.
Es necesario seguir profundizando el actual modelo que no es para un sector sino para todos los argentinos y, en ese sentido, continuar desarrollando nuestra industria.
Por: HERNÁN RAMÓN
