Avance y retroceso de la soberanía argentina.
La discusión está planteada. Desde hace algún tiempo, en la Argentina se viene discutiendo la minería bajo distintos matices. Más allá de las insuficiencias en la discusión, lo importante aquí es que el tema se encuentra sobre el tapete. Las causas podemos encontrarlas en el desarrollo industrial de los últimos años y la necesidad de contar con una política minera acorde a las circunstancias, la recuperación de soberanía sobre nuestros recursos (YPF), la necesidad de mantener equilibrada la balanza comercial, la transferencia de renta nacional al exterior por parte de las multinacionales, etc.
El control sobre los recursos naturales por parte del Estado se convierte en un hecho fundamental para un país periférico que desea desarrollarse como el nuestro, en un marco de independencia económica, justicia social y soberanía política. Sobre todo en un contexto global como el que atravesamos, signado por una espectacular crisis del sistema rentístico financiero en donde los países centrales pretenden quedarse con lo que no les pertenece para poder salir del paso.
El siglo XXI se nos presenta, desde ya, como una dura disputa sobre el control de los recursos.
Avance y retroceso
Es necesario entender las causas que hoy en día nos llevan a replantear el asunto. Teniendo presente de donde venimos, para poder dilucidar hacia donde vamos.
La constitución del 49, en su articulo 40 sostenía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Era lógico que en la etapa de mayor industrialización de la argentina, el Estado controlase soberana y legítimamente sus recursos, los cuales eran puestos al servicio de esa industria y al desarrollo del país en su conjunto.
Esto significó no solo el control soberano sobre nuestros recursos sino también un acto de soberanía económica enmarcada en un proceso de sustitución de importaciones y ascenso de la clase trabajadora argentina. La demás legislación peronista, respecto a la minería (creación de la CNEA, desarrollo de carreras técnicas vinculadas al sector, etc.), giraba en torno a dichos objetivos.
A partir de 1976 y particularmente en los 90, el Estado asume una posición liberal y cede paso, en distintos ordenes, al sector privado para que administre los destinos del país.
En 1993, por medio del Acuerdo Federal Minero, el sector quedó bajo el control del capital extranjero, fundamentalmente de las empresas multinacionales. El Acuerdo, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias, tenía por objeto “Promover el desarrollo sectorial consensuando medidas necesarias para atraer inversiones nacionales y extranjeras”.
Invocando un falso federalismo, se dio paso al saqueo de las multinacionales sobre los recursos naturales del país. El Estado Nacional reconoció a las provincias como titulares legítimas de dichos recursos (Constitución 1994), y de esta manera abrió la ronda de negocios.
Ese falso federalismo, fue desembocando en una negociación desigual entre provincias y multinacionales. Mientras el gigante Estado norteamericano apoyaba a sus empresas en la explotación de recursos fronteras afuera de su país, el pequeño Estado provincial de Mendoza, ahogado financieramente, debía negociar con estas a precio vil sus recursos.
Para ello fue necesario un marco legal que sustentara el saqueo. El Acuerdo Federal Minero en su novena y décima declaración rezaba: “Las Provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera”. (…) “En correspondencia con las medidas adoptadas por la Nación, las Provincias propiciarán la eliminación del impuesto de sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos”.
Por otro lado, la ley de Inversiones Mineras del 93 establece que “en aquellas provincias que se cobre regalías mineras y que estén adheridas a esta Ley, el valor de las mismas no podrá superar el 3% del valor "boca mina" del mineral. Este valor es el que resulta de tomar el valor del primer producto comercializable menos los costos necesarios para llegar al mismo, excluidos los de extracción”. El 3% de lo que la empresa declare (!) en boca de mina, es lo que perciben las provincias por sus minerales.
Además garantizaba que: “A todo nuevo proyecto minero o ampliación de uno existente, se le asegura que por 30 años no le será aumentada la componente impositiva, ya sea ésta de orden municipal, provincial y nacional, al igual que los regímenes cambiario y arancelario, que les regían al momento de la factibilización técnico económica de los proyectos”.
Dicha legislación era complementada por la Ley de Inversiones Extranjeras, que ponía en igualdad de condiciones a los capitales nacionales con los capitales foráneos.
Todo esto con la venia de una dirigencia política cómplice con el saqueo del país.
El Pacto Federal Minero, cambio de rumbo
Según la secretaría de Minería de la Nación, se esperan para este año inversiones en el orden de los 3.500 millones de dólares, superando holgadamente a los 2.300 millones que del 2011. En los últimos nueve años, este sector pasó de representar el 0,2% del PBI al 1,2%. Hoy la actividad genera más de 500 mil puestos de trabajo directo e indirecto en todo el país.
Los números son alentadores, ahora bien “uno de los cuestionamientos que caben a este sector tiene que ver con quiénes son los que se quedan con la renta minera. Es decir, cuántas de las divisas que se generan a partir de esta actividad extractiva quedan en el país para ser reinvertidas, ya sea en la generación de valor agregado o en infraestructura” (1).
Respondiendo a lo anterior, en el marco de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), se celebró hace unos meses el Pacto Federal Minero suscripto por las provincias mineras del país.
El mismo prevé la participación del Estado en las ganancias de las compañías extractoras a partir de la conformación de sociedades mixtas. Lo cual supone que, no solo perciban un minúsculo 3% por sus recursos las provincias sino que puedan contar con mayores beneficios en la explotación de los mismos. Por otro lado, sienta las bases para que cada provincia pueda desarrollar empresas estatales a los efectos de llevar a cabo la extracción, explotación e industrialización. Es decir que participe en la cadena de valor agregado de sus recursos.
El surgimiento de empresas públicas mineras determinaría una mayor recaudación en las arcas provinciales y una modificación profunda de la estructura productiva de las mismas, con preservación y cuidado del medio ambiente. Esto nos pone en una situación totalmente distinta a la de los 90, puesto que el Estado es quien decide e incide directamente sobre la actividad y no el mercado o bien las multinacionales extranjeras.
Este hecho se encuentra enmarcado en el rumbo trazado a nivel nacional, en un proceso de industrialización y generación de empleo que necesita ser profundizado.
Lo que falta
La minería es la madre de las industrias. Para continuar con el desarrollo de nuestra industria es necesario que el Estado maneje el control de sus recursos. De ello se desprende la necesaria planificación estatal sobre los mismos.
El Pacto Federal Minero, a contramano del Acuerdo de los 90, esta encaminado en ese sentido. Sin embargo es necesario erradicar los resabios del menemato y desmantelar el andamiaje legal que nos condena a ser un país sin control soberano sobre sus recursos, presa del pillaje extranjero. Es necesario un nuevo Código de Minería, al igual que una nueva Ley de Inversiones Extranjeras e Inversiones Mineras, a los efectos de adecuar dicha legislación al nuevo rumbo emprendido (2).
Por otro lado “la discusión sobre los beneficios económicos generados a partir del aprovechamiento de los recursos naturales se debe hacer sobre la base de la investigación” (3), y en este sentido el Estado debe proveer de científicos y técnicos al país para el desarrollo de dicha actividad. A la vez que seguir generando puestos de trabajo. “Las manos de los mineros son el avío para la puesta en funcionamiento de una nación que suma inclusión social y recursos económicos a partir del buen funcionamiento del uso racional de los recursos naturales, que puestos en valor, son un aporte sustantivo a la economía regional y nacional” (4).
La discusión como dijimos al comienzo, esta planteada. Es necesario profundizar el actual proceso de industrialización y la minería no puede permanecer al margen de ello.
CITAS
(1) Sebastián Premici, Revista Debate.
(2) Recordamos a aquellos que en su momento, o actualmente, sostienen que esta estructura jurídica fue y es progresiva para el país y de carácter desarrollista, que Raúl Presbichs se les adelanto hace ya tiempo con respecto a esto. El abanderado de la CEPAL resaltaba incansablemente el papel benefactor de los capitales extranjeros y la necesidad de generar las condiciones (“marco jurídico”) para atraerlo. No obstante, este “desarrollista” no tuvo inconveniente en comulgar con los golpistas liberales del ´55.
(3) Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable.
(4) Documento de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina).
Hernán Ramón
