sábado, 5 de mayo de 2012

LA INTERVENCIÓN EN MENDOZA, REPSOL Y LA OCASIÓN



Walter Fernando Vázquez, actual subsecretario de Hidrocarburos, fue designado semanas atrás como interventor de YPF en nuestra provincia tras el envío del proyecto de ley de expropiación de la empresa, por parte del Ejecutivo Nacional, al Congreso.


Tras la intervención se han dado a conocer algunos datos interesantes sobre la destilería de Lujan de Cuyo, la segunda más importantes del país, respecto del nivel de funcionamiento y sus reservas.
El Interventor
Nacido el 2 de febrero de 1967, Vázquez tiene una historia previa en el mundo de la política, particularmente en el justicialismo. Militó en su juventud en la generacional de Arturo Lafalla. Luego fue asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos durante los dos últimos años del gobierno de Rodolfo Gabrielli y jefe de Gabinete del ex ministro de Economía Carlos Rodríguez durante el gobierno de Lafalla.


Además, tuvo a su cargo la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Sector Minero Argentino (1997-1999) y fue miembro titular ante el Consejo Federal de Minería.


Llegó a mediados del 2008 al gabinete del entonces Ministro de Infraestructura Francisco “Paco” Pérez para hacerse cargo del área petrolera, se quedó durante toda la gestión del ex gobernador Jaque, y Pérez decidió mantenerlo en el cargo una vez electo gobernador. El funcionario diseñó, además, las condiciones de renegociación de buena parte de las áreas petroleras de la provincia en las últimas dos rondas de negociación.

El futuro de Vázquez en la gestión de Pérez era, originalmente, comandar la empresa energética provincial, que actualmente espera la aprobación de la Legislatura para crear la firma estatal.

Una vez que asumió como interventor de YPF en la provincia, Vázquez sostuvo que:“Nos vamos a instalar, vamos a estar acá, en los yacimientos, en los campos y en las oficinas de calle España. Mi primera medida es comunicar todas las medidas al personal y sumarlo a esta enorme causa nacional y provincial” (1).

De esta manera llevaba tranquilidad a los 1.500 empleados directos que posee la empresa en la provincia y, a los más de 4.500 que genera de manera indirecta.

La intervención, algunas conclusiones
“En esta nueva etapa (la refinería de Luján) está en un 105% de su capacidad. En la provincia se están tomando algunas decisiones estratégicas para darle mayor dinamismo y mayor actividad productiva a YPF que es lo que necesitamos para abastecer la gran demanda industrial. La refinería de Luján llegó a estar en el 75%. Había una decisión de la empresa, de dejar (al menos) un 10% de capacidad que no se utilizara. Hoy no hay capacidad ociosa y esto se está transformando en acción, en mayor crudo y mayor refinamiento” (2).

Así se despachó el Gobernador Pérez tras una recorrida por el yacimiento de Barrancas en Maipú, la refinería de YPF en Luján de Cuyo y las oficinas centrales de la petrolera en Mendoza, junto al Secretario de Planeamiento del Ministerio de Planificación de la Nación, Roberto Baratta y a Exequiel Espinase, supervisor de producción a nivel nacional. Esta comitiva oficial que junto al interventor mendocino estuvieron haciendo un relevamiento, pudo descubrir algunas irregularidades en el funcionamiento de YPF en nuestra provincia.

"Todos los tanques de depósito de combustible estaban (llenos) al 100, 80 ó 70% en lugar del 40%, porque el resto del combustible debía estar en las estaciones de servicio"(…)"Notamos muchas irregularidades, falta de mantenimiento en los pozos, falta de inyección de gas o de petróleo y falta de presión en los oleoductos y todo eso hacía mermar la producción” (3)sostuvo el Gobernador tras la visita a las instalaciones.


Por otro lado sostuvo que: "Estábamos ante una situación de especulación. Se decía que no había mayor producción porque el precio del barril era de 25 dólares, pero luego estuvo a 45 y hoy está a 70 dólares y nunca apareció la inversión. Se renegociaron los contratos con las provincias y tampoco apareció” (4).

Una oportunidad histórica
Mendoza se encuentra ante una oportunidad histórica tras el anunció de la Presidenta respecto a YPF y el proyecto de ley que hoy será aprobado en el Congreso Nacional, y por el cual se expropiaría el 51% de las acciones que Repsol posee en la principal empresa petrolera argentina.

Esto se debe a tres razones fundamentales:
  • Mendoza es la provincia donde mayor cantidad de petróleo produce YPF a nivel nacional;
  • Tras el hallazgo de petróleo en Vaca Muerte, Mendoza estaría en condiciones de duplicar el total de reservas;
  • La posible aprobación en la Legislatura de la empresa energética provincial de energía (EMESA).

Estos hechos significativos, nos hacen pensar en la posibilidad concreta de que el Estado provincial tenga un control más “real” sobre sus recursos y que esto de la posibilidad a una mayor planificación, por parte del mismo, encaminada a solucionar algunas deudas pendientes en nuestra provincia.

Este control “real” sobre los recursos que nos pertenecen evitaría que empresas como Repsol especulen a base del patrimonio de los mendocinos (petróleo), y que el Estado obtenga mayores beneficios y pueda decidir sobre la matriz energética y productiva de la provincia.

Esto no es solamente un hecho de soberanía sino que además nos permite pensar en la posibilidad de reconvertir la renta petrolera, por ejemplo vía EMESA, en mayor obra pública, plan de reforestación provincial, cuidado del medio ambiente, entubamiento del agua para evitar filtraciones, etc.

Estamos ante una posibilidad que la historia juzgará si supimos aprovechar o no, para transformar la matriz productiva de Mendoza.


Notas
(1) Los Andes (20/04)
(2) Los Andes (25/04)
(3) Los Andes (25/04)
(4) Los Andes (25/04)




Hernán Ramón


miércoles, 2 de mayo de 2012

 EMESA: MENDOZA Y SUS RECURSOS




En los últimos meses el centro de atención, por parte de los legisladores mendocinos, ha estado y está puesto en el proyecto de ley enviado por el ejecutivo provincial sobre la creación de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA). Esto ha sido motivo de importantes cruces entre la dirigencia política.


El proyecto, que ya cuenta con sanción de diputados en la legislatura, promueve la creación de una empresa energética provincial donde el Estado tendría una participación del 90% de las acciones, en tanto que el 10% restante quedaría en manos de los municipios.

El Proyecto
La Sociedad Anónima, con participación estatal mayoritaria (Artículo 2), tiene como objeto llevar adelante las siguientes actividades:

a) El estudio, investigación, prospección, administración, exploración y explotación de toda clase de recursos energéticos ubicados en la Provincia de Mendoza, cualquiera sea su fuente.

b) La producción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización e industrialización de todos los productos, subproductos y derivados directos e indirectos, obtenidos de la explotación referida en el inciso anterior.

c) La generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

d) La formulación y ejecución de proyectos de construcción, renovación, reactivación y/o ampliación de las obras necesarias para la exploración y explotación de todos los recursos energéticos de la provincia, cualquiera sea su fuente.

e) La investigación y  desarrollo de proyectos y el aprovechamiento de las energías alternativas renovables y sustentables ambientalmente.

f)      La generación, transporte, distribución, almacenaje y comercialización de energías renovables: de biomasa, geotérmica, solar, eólica, de hidrógeno y cualquier otra forma de energía alternativa conocida o por conocer. Así como el desarrollo de tecnologías, producción y comercialización de plantas, centrales, equipos, tecnología, componentes, insumos y servicios para la generación y/o aprovechamiento para este tipo de energía. (Artículo 4).

Para llevar adelante estos objetivos, el proyecto de ley establece que “tendrá plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar, otorgar, desarrollar y ejecutar contratos y actos jurídicos con sujetos de derecho público o privado, nacionales o extranjeros”, a la vez que podrá “operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos” (Artículo 5).

En el artículo número 6, plantea: “El Poder Ejecutivo Provincial deberá reservar a favor de EMESA los permisos de exploración y eventuales concesiones de explotación sobre las áreas hidrocarburíferas ubicadas en el Territorio de la Provincia de Mendoza respecto las cuales no se encuentren otorgados, o en proceso de otorgamiento, permisos de exploración o concesiones de explotación, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, así como de aquellas áreas cuyos permisos de exploración o concesiones de explotación reviertan a la Provincia en el futuro” (…).

Dicha empresa contaría con un capital inicial, para su creación, de 5 millones de pesos cedidos por el Estado provincial. En tanto que la dirección de la misma estará a cargo de un directorio compuesto por Un Presidente: Elegido por el titular de las Acciones clase A. Cuatro Directores titulares: Dos (2) elegidos por el titular de las Acciones clase A y dos (2) elegidos por los dos partidos políticos de oposición  con mayor representación legislativa en ambas Cámaras” (Artículo 8).



El oficialismo y los “Radigansos”

El proyecto de la Empresa Provincial de Energía, que entró a la Legislatura el año pasado y fue aprobado en Diputados, actualmente está siendo tratado en el Senado en donde el proyecto ha sufrido algunas modificaciones. El  proyecto  original contemplaba que EMESA incluyera a la minería, por ejemplo. Sin embargo eso fue suprimido en la Cámara Alta.

Preocupados por el hecho de que el Gobernador Francisco Pérez pueda tener la empresa antes del 1 de mayo y anunciarla como acto de gobierno en la apertura de la Asamblea Legislativa, la oposición ha decidido ponerle un freno a la Empresa Provincial de Energía. ¿Mezquindad política?

A pesar de que aquí pueda obrar o no la mezquinada política, lo cierto es que es un hecho intrascendente. No se trata de que Pérez necesite o no, cuanto antes la empresa para anunciarla como acto de gobierno, sino de que los mendocinos cuenten con este instrumento para manejar sus propios recursos. Veamos los argumentos.

“Es innecesaria una empresa de energía. Todos los objetivos que se plantean los debe llevar adelante el Estado provincial. Nos parece que es peligroso que el gobierno entregue los recursos hidrocarburíferos a una Sociedad Anónima y puede perder esos recursos. Además es inconstitucional que se haga esto. No se puede desprender que es algo de dominio público del Estado”. Estas palabras, autoria de Carlos Aguinaga (PD), resultan un tanto inoportunas puesto que una de las modificaciones ya realizadas al proyecto ha sido justamente la parte en que decía que se transferían los derechos de los recursos naturales a la empresa, por el hecho de que  la Constitución establece que los recursos naturales son propiedades de la provincia, lo cual sí lo convertía en inconstitucional. Sin embargo ¿Por qué el senador ganso insiste en algo que ya ha sido modificado? ¿A caso no se ha enterado aún? O, por el contrario… ¿será que intenta poner palos en la rueda?

Por otro lado, el radical Armando Camerucci ha señalado que una empresa provincial“no tiene sentido”, a raíz del anuncio de la presidencia en torno a YPF.

En respuesta a los dichos de Camerucci, Rolando Baldasso (Ministro de Infraestructura y Energía de la provincia) sostiene que es intención del gobierno, a partir de la creación de la empresa de energía, que la misma “sea socia de YPF” en la explotación de los hidrocarburos. De esta manera el Estado provincial, a partir de EMESA, tendría una activa participación, llegado el caso, en los principales yacimientos que posee la provincia.

"No tengo interés en la Empresa de Energía, a mí no me votaron para eso”, se pronunció por su parte, días atrás, el intendente de la Capital, Víctor Fayad. Fiel a su estilo, se despega de la pulseada y no comulga ni con propios ni ajenos, pero… tampoco con los mendocinos, quienes padecen el hecho de que las multinacionales exploten sus recursos y transfieran las riquezas al exterior, en vez de contar con una empresa que lleve a cabo la explotación de los mismos y que este en manos del Estado provincial.

Desde RIN, consideramos como hecho fundamental que Mendoza cuente con su propia empresa energética, ya que auspicia una intervención mayor por parte del Estado para definir la política energética acorde a la matriz productiva de la provincia. Lo cual nos pone a la altura de las circunstancias actuales, tanto a nivel nacional como regional.

Contar con esta herramienta (EMESA) nos da la posibilidad, a su ves, de evitar que empresas multinacionales saqueen los recursos que pertenecen al conjunto de los mendocinos y poder tener un control más soberano sobre los mismos. Hecho que nos acerca a esa “Mendoza grande”, que algunos promueven y que los mendocinos esperan ver realizada.



Hernán Ramón

viernes, 6 de abril de 2012

LA DEMOCRACIA QUE SUPIMOS CONSEGUIR Y QUE ANHELAMOS RECONSTRUIR

ANIVERSARIO DE LA LEY SÁENZ PEÑA
“El momento político que me cabe la hora presidir lo reputo trascendente para el porvenir de las instituciones, por cuanto la reforma electoral anuncia una evolución en el gobierno representativo y en el ambiente como en las costumbres en que va a desenvolverse la democracia argentina (…)”. (1)

Hace 100 años el presidente Roque Sáenz Peña lanzaba un manifiesto cuyo principal objetivo era difundir los puntos centrales de la reforma electoral que un mes más tarde, ya establecida por ley, consagraría el voto universal (solo para los hombres mayores),  secreto y obligatorio.

La ley Sáenz Peña, significó un gran avance para los sectores populares, a la vez que una amenaza para los sectores conservadores del país. Un claro ejemplo de esto es el hecho de que accedería Don Hipólito Yrigoyen al poder, a la sazón, el verdadero artífice de la misma.

Cabe señalar que la democracia no solo se basa en el acto electoral per se. Sino en el acceso a los bienes y servicios por parte de los argentinos, incluyendo también la participación política y el acceso al poder del Estado.

Partiendo de esta óptica, hacemos un repaso de los gobiernos “democráticos” a partir de la Ley Sáenz Peña en adelante.

Del Movimiento Yrigoyenista al Partido Radical
El Doctor Hipólito Yrigoyen, o el “peludo”, fundador de la verdadera “intransigencia”, hacía ya treinta años que había iniciado su camino en función de combatir el régimen conservador que venía dominando la escena política argentina y que reservaba para sí las funciones de gobierno, al igual que la renta nacional.

“Los hijos de la primera generación inmigratoria buscan a través de Yrigoyen su acceso a la vida política y cultural de la República. El «régimen», a través de sus representantes más lúcidos, no desconoce el significado del movimiento acaudillado por Yrigoyen. (…) se proponía como único programa la realización plena de la Constitución Nacional y el ejercicio real del voto para todos los argentinos (en otras palabras: un programa nacional democrático para esa época)”. (2)

Con Yrigoyen se concreta la democratización del Estado argentino en todos sus aspectos. Ejemplo de esto es el acceso al mismo por parte de aquellos que no procedían   de la rosca oligárquica. Por su parte la Universidad Nacional vivió una de sus etapas más lucidas al calor de la Reforma Universitaria del 18 otorgada por Don Hipólito a los reformistas, los cuales contemplaban un espíritu americanista en sus planteos.

Este movimiento democrático significó un avance social y político para las clases más marginadas, a la vez que sentó las bases de la verdadera democracia argentina.

Años después, muerto ya Yrigoyen, las banderas levantadas en ese entonces serían reemplazadas por otras. La vieja UCR comenzaría a traicionar su propia historia, para dejar de ser un movimiento revolucionario y pasar a ser un partido más del régimen.

La gran década
Luego de las jornadas del 17 de octubre de 1945, la clase trabajadora argentina vivirá uno de los momentos más lúcidos y por qué no, los más felices de su historia.“La generación posterior difícilmente puede imaginar el odio que tal pareja suscitó en la oligarquía tradicional y en la clase media urbana del sector profesional universitario o «intelectual». Es claro que ese odio social estaba ampliamente compensado con el amor que las masas más pobres o desvalidas depositaban en Perón y Evita”. (3)

El nacionalismo económico de Perón, garante de la justicia social, marcó una década donde tuvo lugar el mayor desarrollo industrial de la argentina. Esto posibilitó, entre otras cosas, que los trabajadores llegasen a percibir el 50% del PBI nacional. En este marco se continúa la tarea iniciada por Don Hipólito y se le otorga a la otra mitad del pueblo, las mujeres, el derecho al sufragio.

En términos concretos, nunca desde esta época se democratizó tanto el acceso a los bienes y servicios por parte de la sociedad en su conjunto, en franco ascenso. Posible esto por el hecho de que el Estado, con Perón a la cabeza, ejercía el control soberano sobre los recursos argentinos. Lo cual dio lugar a que las riquezas que antes se derramaban hacia fuera quedaran dentro de la Argentina.

“Históricamente el régimen llamado a realizar tareas democráticas –industrialización, liquidación del yugo imperialista, unidad nacional, revolución agraria– asume las formas de una Revolución Nacional” (4). En ese sentido, la Revolución Nacional encabezada por el General Perón tuvo un carácter defensivo, de lo nuestro, respecto de los países centrales, forjada al amparo de un intento de unidad y solidaridad con los países latinoamericanos.

Este significativo hecho, la unidad, es en última instancia el garante de la democracia en Latinoamérica, ya que actúa como escudo frente al avance sobre nuestra soberanía por parte de los países centrales. No es casual que el derrocamiento de Perón haya coincidido con la caída de de grandes personalidades en el resto del continente y un retroceso para las clases en ascenso de la Argentina y el resto de la América criolla.

Democracias condicionadas
El período que va desde el derrocamiento de Perón (1955) hasta el regreso del mismo al poder (1974), se encuentra marcado por la inestabilidad política, golpes de Estado y la resistencia de la clase trabajadora a perder todas las conquistas alcanzadas.

Los dos gobiernos radicales, el de Arturo Frondizi y el de Arturo Illia, carecieron ambos de legitimidad,  producto de que triunfaron electoralmente estando el peronismo proscripto, es decir, gran parte del pueblo argentino.

“En el seno del radicalismo se habían producido, en tanto, importantes acontecimientos. La vieja Unión Cívica Radical se había escindido en dos alas: el radicalismo intransigente, cuyo jefe notorio era Arturo Frondizi y el radicalismo del Pueblo, un complicado sistema de alianzas sostenido en ese momento por el balbinismo agrario de la Provincia de Buenos Aires, el sabattinismo de Córdoba y los unionistas liberales de todo el país, fuertes sobre todo en la Capital Federal”. (5)

En el primer caso, el gobierno de Frondizi, estuvo atravesado por el hecho de que este concebía al desarrollo argentino despojado de la compleja trama histórica que lo condiciona. Sostenía que el impulso de “despegue” debía proporcionarlo el capital extranjero.

Por un lado, generó las condiciones necesarias para que ese “capital” se afincara en nuestro país a los efectos de que la inversión proporcionada activara la economía. Y por otro, se llevó a cabo una devaluación del peso con la intención de aumentar las exportaciones argentinas. El resultado fue que se viera perjudicada la industria nacional y que se extranjerizara la economía argentina a la vez que se consolidaban los monopolios.

Las tesis desarrollistas no necesitaron ser comprendidas teóricamente por la clase trabajadora para que esta las rechazara. Sin preámbulos pero con gran agudeza, el movimiento obrero contrapondría a las tesis desarrollistas, que pregonaban los intelectuales que rodearon en su momento a Frondizi, el programa nacionalista de Huerta Grande.

En el segundo caso, el gobierno radical de Illia, “carecía de fuerza para enfrentar a la oligarquía, de imaginación para concebir el camino a la independencia nacional y de comprensión política hacia el peronismo” (6), hecho que determinó el destino del mismo.

Illia, procedente del sabattinismo de Córdoba y enrolado en el Radicalismo del Pueblo liderado por Balbín, conservaba con nostalgia las tradiciones político-democráticas del viejo yrigoyenismo más acordes con 1928 que con 1966. Su nacionalismo agrario era insuficiente para la etapa que vivía el país, lo que lo llevaba a no comprender una clase trabajadora que sí se encontraba a la altura de las circunstancias. Por la Argentina había pasado el peronismo.

El regreso del General
Luego de haber atravesado dieciocho años de exilio, Perón era elegido democráticamente con el 61,85% de los votos, por tercera vez seria presidente de los argentinos.

Al igual que en sus primeros gobiernos, en líneas generales desarrolladas en su plan económico, suponía un grado notable de democratización y nacionalización. A la vez que una política encaminada a la recuperación de la soberanía, perdida durante los años precedentes. No obstante, la Argentina había cambiado y el terreno perdido en este sentido demandaba una ardua tarea que su salud estaba lejos de permitirle llevar a cabo.

Sin embargo, en cuestión de meses, el país se puso en movimiento alentado por las leyes impulsadas por Perón, entre las cuales se destacan: el impuesto a la renta normal y potencial de la tierra, corporación de la pequeña y la mediana empresa, corporación de empresas del Estado, la nacionalización de las exportaciones de grano y carnes, nacionalización de los depósitos bancarios, eliminación de financieras extrabancarias, promoción minera, entre otras.

Este programa permitió un grado de democratización, que devolvió a la clase trabajadora la porción de renta que había perdido en los años anteriores (la participación en la renta nacional por parte de los asalariados ascendía al 50,8%) (7). Desafortunadamente el proyecto quedaría trunco.

Democracias de baja intensidad. Con la democracia ¿se come, se educa y se cura?
Luego de siete años llegaría nuevamente la hora de votar para los argentinos. El golpe cívico-militar que derrocó al gobierno peronista, denominado Proceso de Reorganización Nacional, se hundía frente a las abrumadoras masas que nuevamente se animaban a salir a la Plaza de Mayo para ejercer su derecho de participación ciudadana.

No obstante, la estructura económica diseñada por Martínez de Hoz permanecía intacta.

El gobierno de Alfonsín se caracterizó por la inestabilidad económica y la falta de una visión nacional para resolver los problemas heredados de la dictadura. Lejos de hacer un análisis de las medidas económicas, por no ser el tema de esta nota, no podemos obviar el hecho de que las políticas adoptadas fueron reaccionarias y perjudiciales para el pueblo argentino.

A partir de 1976 se da comienzo en nuestro país a un proceso de desindustrialización y de concentración y transferencia de renta nacional al exterior. Con la vuelta de la “democracia” este hecho se profundizó aún más. Lo cual nos pone en situación de plantear el hecho de que, tanto el gobierno de Alfonsín como el de su sucesor (Menem) se caracterizaron por llevar adelante procesos formales a lo que la democracia respecta.

Estas democracias de “baja intensidad” significaron un retroceso aún perdurable respecto al verdadero significado de la democracia. El acto formal de ir a votar es apenas un derecho cívico, lo cual no garantiza necesariamente la democratización del acceso a los bienes y servicios al pueblo argentino, que es lo que realmente importa.

Esto, partiendo del hecho de que durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La  Rúa se incrementaron estrepitosamente los índices de desempleo y de pobreza, se incremento exponencialmente la deuda externa, se vendió gran parte de nuestra soberanía a precio vil (YPF, los ferrocarriles, etc.), se desmanteló el aparato productivo, se extranjerizó la economía, se implementó la Ley de Convertibilidad, etc. Todo esto en democracia.

Recuperar lo nuestro
El hecho de que desde el 2003 en adelante los argentinos hayamos recuperado la esperanza, se debe al actual proceso de industrialización y recuperación del empleo. Hecho por el cual comenzamos a vivir más democráticamente.

Luego de cien años de que se sancionara la Ley Sáenz Peña, que marcó institucional y políticamente al país, podemos señalar la efectiva vigencia de la misma. Sin embargo, para hacer prevalecer la democracia debemos trascender lo mero institucional. Es decir, despojarnos de la concepción europeizante de la democracia formal, al estilo socialdemócrata que la partidocracia de los últimos años nos ha impuesto.

Es necesario recuperar la tradición democrático-política de matriz yrigoyenista al igual que la defensa de nuestra soberanía (peronismo) para garantizar una democracia real de tinte nacional, popular y latinoamericana.


NOTAS
(1) Roque Sáenz Peña, Manifiesto.
(2) J. A. Ramos, La Bella Época, Revolución y contrarrevolución en la Argentina.
(3) J. A. Ramos, La era del peronismo, Revolución y contrarrevolución en la Argentina.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Política y Economía en el tercer gobierno de Perón.





Hernán Ramón

jueves, 29 de marzo de 2012

ACTIVIDAD ILÍCITA EN MALVINAS

Hace diez días, el gobierno Nacional decidió dar un paso adelante en su estrategia (no bélica) de reclamo sobre la soberanía de Islas Malvinas y los recursos naturales, que legítimamente nos pertenecen. Por medio de la Cancillería, su titular Héctor Timerman, presento el Plan de acciones legales del Estado Nacional en el país y en el exterior contra las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur”.


Este, pretende llevar a cabo acciones legales en el marco de lo administrativo, civil y penal sobre aquellas empresas vinculadas con la explotación de Hidrocarburos en Malvinas, por el hecho de considerar que es un territorio cuya soberanía esta en disputa.

La plataforma petrolera "Leiv Eiriksson", contratada para extraer petróleo en Malvinas.

La Cancillería
Queda claro, con dicha presentación que este “Plan de acciones” se enfoca concretamente en una defensa de la soberanía sobre los recursos existentes en las Islas y una herramienta para frenar el saqueo que Reino Unido desea llevar adelante por medio de un conglomerado de empresas íntimamente relacionadas con el sistema financiero.

Dentro de los antecedentes expuestos por Timerman, se encuentra la Declaración Conjunta sobre “Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental” suscripto en 1995 por Argentina y Reino Unido. Dicha Declaración constituyó un arreglo de carácter provisional tendiente a crear el marco propicio para reanudar las negociaciones de soberanía entre ambos países” explicó Timerman.

Meses después de dicha declaración el Reino Unido lanzó unilateralmente una licitación pública para la exploración de hidrocarburos en el área disputada, que implicó la perforación de seis pozos durante el año 1998”. Esta violación del derecho internacional y de nuestra soberanía, no impidió en ese entonces que el Dr. Menem siguiera manteniendo relaciones carnales con el “primer mundo” por más que se lesionaran los intereses argentinos.

Por su parte, el “democrático” gobierno británico aprovechando el momento de debilidad que atravesaba Argentina y Latinoamérica en ese momento (auge del Consenso de Washington) decidió no solo violar la declaración conjunta sino también, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

“Consecuentemente, el Gobierno argentino comunicó al Gobierno británico el 27 de marzo de 2007, su decisión de dar por terminada la Declaración Conjunta de 1995”, explicó Timerman. Es decir, que tuvimos que esperar 12 años para reivindicarnos internacionalmente y dar por tierra con lo que constituía una burla por parte de Inglaterra.

A principios de 2010 desembarcó en las Islas la plataforma petrolífera Ocean Guardian, para iniciar una nueva ronda de perforaciones ilegítimas de pozos en la Cuenca Norte. Aquí se encuentran las mayores reservas descubiertas hasta la fecha.

“A raíz de dicha exploración ilegítima, se habrían confirmado a partir de 2011 descubrimientos promisorios en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, anunciando una de las empresas involucradas su intención de extraer petróleo del área hacia 2016, para lo cual manifestó encontrarse enfocada en encontrar el financiamiento necesario”.

Luego, en enero de este año, llegó a las Islas Malvinas la plataforma Leiv Eiriksson. La misma pretende iniciar un proceso de perforación de pozos en las cuencas al sur y al este de las Islas Malvinas.

No sólo empresas
El variopinto elenco que interviene en “las ilegítimas actividades de exploración de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina próxima a las Islas Malvinas”, según explica la Chancillería, se compone de la siguiente manera:

En primer lugar, “las Empresas que poseen ilegítimas licencias para la exploración petrolera en la zona”:

  • Falkland Oil and Gas Limited (FOGL)
  • Argos
  • Rockhopper Explorations
  • Desire Petroleum
  • Borders & Southern

Estas empresas actualmente operan en la bolsa del Londres. De aquí, se puede identificar cuales son los inversores que financian a dichas compañías, producto de la participación accionaria que poseen sobre las mismas. Lo cual nos estaría indicando, a su vez, que extraer crudo de las Malvinas representa un importante negocio (desde la óptica de estos actores) debido a las importantes reservas que posee el archipiélago argentino. O, desde la óptica latinoamericana una importante fuente de recursos para el progreso histórico de nuestros pueblos.

Por otro lado “encontramos a las empresas que brindan apoyo logístico a las actividades de exploración y explotación”. Las mismas son: Ocean Rig, Diamond Offshore, Dryships Inc y Agr Group.

Además intervienen las empresas que brindan servicios financieros y de asesoría a las cinco empresas petroleras: bancos, brokers, auditores, servicios jurídicos”.Incluyendo también a los analistas de riesgo, tan en boga en los últimos tiempos de crisis del sistema rentístico financiero a nivel mundial.

Dentro de los bancos que ofrecen financiamiento a las empresas petroleras, encontramos a:

  • Barclays
  • Credit Suisse
  • Standard Charlered
  • Morgan Stanley
  • The Royal Bank

Por otra parte, se encuentran los agentes de bolsa “que sirven de intermediarios para que las empresas puedan colocar sus activos en la bolsa de valores”. Estos son: Merrill Linch, Evolution, Jeferies, Ocean Equities Ltd, Cannacord, entre otros.

Respecto de los analistas que elaboran informes sobre las proyecciones financieras de la empresa, y que a su vez facilitan información sobre factores que puedan tener efectos sobre el rendimiento o el riesgo de la inversión, Timerman sostiene que:“Varias agencias de análisis han minimizado en sus informes el riesgo político y jurídico derivado de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido a efectos de promover la capitalización y valorización financiera de las empresas”.

La nomina se compone por las siguientes: Merrill Linch, Goldman Sachs, Brewin Dolphing, Edisson investment research, Royal Bank, entre otros.

Cabe mencionar, por otro lado, que existen empresas que estarían interesadas en participar en las ilegítimas actividades de exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas.

Tales como Amerada Hess, Anadarko, Murphy Oil Corporation, Premier Oil, UK British Petroleum, etc. Lo cual indica que no pocas empresas yanquis se muestran interesadas en invertir en este jugoso negocio, lo que da muestra de la supuesta “neutralidad” que mantiene la Casa Blanca en el conflicto.

Esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en la República Argentina, también se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional, recabando información necesaria para las acciones legales, comunicando el inicio de las mismas o implementando medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales argentinas”.

La Cancillería ya remitió notas al Director Ejecutivo de la Bolsa de Valores de Nueva York y al Presidente de la Bolsa de Valores de Londres, informando que dichas compañías se encuentran ilegítimamente realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales.

De esta manera, el Estado Nacional busca frenar a aquellas empresas de las que se sirve el Reino Unido para implementar el saqueo de los recursos de la plataforma continental argentina. A la vez, que significa un duro enfrentamiento con los sectores rentístico financieros, sostenidos por los países centrales.

Goldman Sachs socio de Clarín
Un artículo del Forign Policy del 11/2 (http://www.foreignpolicy.com) describe como la banca norteamericana Goldman Sachs creó la crisis alimentaria a partir de la especulación.

Comienza decidiendo: “No culpe del alza de los precios de los alimentos al apetito de los estadounidenses, a los crecientes precios del petróleo o a los cultivos modificados genéticamente. Wall Street tiene la culpa de los precios, que crecen en espiral, de los alimentos”. Y en esto la Goldman Sachs, tiene algo que ver.

Desde 1991, la banca norteamericana, viene interviniendo en el mercado de materias primas y generando importantes dividendos a partir de su especulación. En 1999 consigue que se desregulen los mercados (Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros) y consecuentemente interviene en las bolsas de granos de Chicago, Minneapolis y Kansas City.

De esta manera, se fue abriendo paso y generando “derivados financieros” a los efectos de sobrevaluar precios que no dependían ya de la oferta y la demanda, sino de operaciones de bolsas. Es así, que Goldman Sachs ha ido interviniendo en diversos países del mundo donde ha invertido en la explotación de materias primas para luego especular con ellas en el mercado internacional.

Este mismo y nefasto organismo, es uno de los responsables del actual descalabro financiero en los países centrales además de ser quien introdujo a Grecia, maquillando sus números, en la Unión Europea. Los efectos para Grecia están a la vista y en las calles.

Por su parte, en nuestro país posee el 9% de las acciones del Grupo Clarín. Este hecho nos permite comprender, que siendo Goldman Sachs un principal actor en la explotación de petróleo en las Malvinas, las editoriales de este medio “independiente” a la hora de plantear la cuestión de la soberanía de las Islas, deban responder al pedido de sus socios. Sino, como dice un abogado amigo se produce un “conflicto de intereses”, según quien escribe, el imperialismo y sus socios locales.

La presentación del “plan de acciones legales” representa un acto de defensa táctico frente al avasallamiento de nuestros recursos en Malvinas. A la vez que una maniobra estratégica para seguir sumando adhesiones entre nuestros hermanos latinoamericanos, ya que, pone al descubierto a los enemigos comunes de estas tierras. Entendiendo la defensa de la soberanía como una cuestión latinoamericana.



Hernán Ramón