El debate respecto de la minería. El caso de San Juan.
Conocido es el hecho de que siempre existe el dirigismo de Estado. Tal como nos ilustra Don Arturo Jauretche en sus polémicas reunidas bajo el título “Política y Economía”, el Estado nunca se ausenta de su dirigismo. Solo que, en ocasiones lo hace en defensa de la mayoría del pueblo argentino y en otras en beneficio del capital concentrado y de sus socios en el extranjero.
El debate sobre la minería, y de los recursos en general, es la discusión actual en la agenda mundial. Vale decir, de cómo los países de las periferias intentan defender la legítima soberanía de sus recursos ante el ultraje que sufren de parte de la corporatocracia de los países centrales. En este sentido tanto la posibilidad de que el Estado Nacional, encabezado por Cristina, lance a flote la discusión sobre una posible minera estatal como el hecho de que la vecina provincia de San Juan este llevando a cabo una empresa con los mismos fines, pone sobre el tapete la necesidad de que el Estado, tanto Nacional como Provincial, sea quien defina el desarrollo productivo a partir de sus recursos en defensa de las mayorías y no sean las multinacionales quienes se lleven la parte del león hacia otras latitudes.
La minería en números
El boom minero en la Argentina, en los últimos nueve años, pasó de representar el 0,2% del PBI al 1,2%. Según datos de la Secretaría de Estado de Minería, en 2010 hubo un récord de producción, de aproximadamente 27.000 millones de pesos. El valor exportado el año pasado fue de 13.800 millones, un crecimiento acumulado en los últimos años de más del 300%. Hoy, la actividad genera más de 500 mil puestos de trabajo directo e indirecto en todo el país. Los presupuestos para exploración minera se duplicaron en el último lustro y llegaron a 11.200 millones de dólares. Uno de los cuestionamientos que caben a este sector tiene que ver con quiénes son los que se quedan con la renta minera.
Es decir, cuántas de las divisas que se generan a partir de esta actividad extractiva quedan en el país para ser reinvertidas, ya sea en la generación de valor agregado o en infraestructura. El marco regulatorio argentino se basa en el Código de Minería y en la Ley de Inversiones Mineras. La Ley de Regalías (7.281) en el artículo 8° plantea: “- ALICUOTA - El importe de Regalías Mineras será del tres por ciento (3%) sobre el valor de Boca Mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación”. Es aquí donde se centra el debate actual.
Durante años este espectacular negocio viene siendo manejado por multinacionales yanquis o canadienses, entre otras, y declarando en boca de mina (¡!) lo que les place con poco o escaso control. De esta manera pagan solo el 3% de lo que declaran (¡!). Una vez extraídos los minerales del suelo argentino, son enviados a los países de origen de estas empresas, para generar puestos de trabajo (allá) y valor agregado que constituyen enormes remesas para estos países.
¿Qué sucedería si el proceso de industrialización de dichas materias primas se hiciera en la Argentina? ¿Cuántos puestos de trabajo más generaría? ¿Cómo incidiría esto en la balanza comercial? ¿Cuántos productos sustituiríamos de los que hoy importamos? ¿En cuanto se incrementarían los recursos del Estado Nacional y Provinciales?
El caso de San Juan
El hecho de rematar a precio vil los recursos provinciales ha sido una constante a partir de los años ’90. Producto del menemato y el delaruismo las provincias dejaron de recaudar (perdida de federalismo) lo que antes les correspondía y debieron echar mano a lo que hubiere para sanear las cuentas de los estados provinciales. El hecho fue bien aprovechado por el pillaje extranjero ya que las leyes antes mencionadas favorecían y permitían consumar el ultraje. Recordamos que a partir de la “Reforma del Estado” de los Dromi y compañía los recursos pasaron a ser propiedad de las indefensas provincias. La relación de desigualdad entre estas y empresas fogoneadas por el Estado norteamericano, por dar un ejemplo, no merece ser explicado. Se cae de maduro.
El gobierno encabezado por José Luis Gioja, en San Juan, pretende quedarse con parte de la renta que hoy se llevan las multinacionales a partir del proyecto de crear una empresa minera estatal. Desde ya aplaudimos la iniciativa y esperamos un efecto contagio en la región.
Actualmente algunas de las empresas que operan en San Juan, según la Dirección de Minería, son:
- BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINAS S.A. (Origen: Canadá)
- DEPROMINSA –Desarrollo de Proyectos Minero S.A. / TENKE MINING CORP. (Origen: USA)
- ARGENTINA MINING LIMITED (Origen: Australia)
- INTREPID CORPORATION MINERALS / TROY RESOURCES NL (Origen: USA)
- MIRASOL ARGENTINA S.R.L. (Origen: Australia)
- GOLDEN ARROW RESOURCES CORPORATION (Origen: Canadá)
Para tener conciencia de la magnitud que representa para la vecina provincia la minería, basta con ver la composición de sus exportaciones. Según la misma fuente, los productos exportables en San Juan se integran principalmente por: Productos de base minería (70,2%), vitivinícola (17%), hortícolas (4,4%), olivícolas (1,6%), entre otras. Queda claro que hoy en día la mayor renta de San Juan no está en manos de los sanjuaninos. De allí la importancia del proyecto que Gioja quiere llevar adelante en asociación del Estado con pequeños productores nacionales (cooperativas).
La Constitución del ‘49 y la soberanía estatal
La Constitución Nacional sancionada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en su artículo 40 expresaba: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Si queremos una patria libre, justa y soberana, debemos bregar por retomar el camino ya transitado. En momentos actuales donde la crisis rentístico financiera asota a los países centrales la Argentina y Latinoamérica en su conjunto se aprestan ha retomar donde habíamos dejado. El momento de avanzar sobre las cadenas que aún nos pesan, es ahora. La lucha por los derechos nacionales que quedo trunca a partir de 1976 empieza a retomarse y que mejor que verlos plasmados donde deben ir, en nuestra Constitución Nacional.
HERNÁN RAMÓN
