Mientras se escriben estas líneas, al menos once
provincias argentinas se encuentran en alerta debido a un mismo fenómeno de
partida doble, paro policial y “saqueos”. El “efecto contagio”, cuyo epicentro
fue Córdoba, tiene sus particularidades en cada provincia pero, no obstante,
existe una razón de fondo en la cual se erradican varios de los males actuales.
También merece un párrafo aparte el narcotráfico.
…
“Claramente es una cuestión salarial, potenciada por una
negociación en Córdoba que produjo un efecto repetición en otras provincias”,
sostuvo la nueva ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez en entrevista a
Página/12 el día de ayer. Lo que comenzó como un reclamo salarial, poco tiempo
después, derivó en un verdadero caos. Tras el paro de los uniformados,
devinieron los saqueos en la ciudad de Córdoba.
“En Córdoba está claro que hubo una respuesta tardía de
la gobernación y eso produjo el efecto repetición, sobre todo por una
negociación hecha también en forma tardía” (1), sostuvo la ministra.
Claramente hubo un mal manejo político por parte del
Delasotismo del asunto, el propio gobernador se encontraba fuera del país
mientras fermentaba el conflicto y, poco hizo por solucionarlo. De hecho, su
primera reacción fue achacarle los males al gobierno nacional. Este último, sin
embargo brindó la asistencia necesaria para que el conflicto no pasara a
mayores.
“El de Santa Fe detectó a tiempo la convocatoria a un acuartelamiento
por parte del sindicato policial Apropol, denunció a sus jefes por instigación
a cometer delitos y recurrió en forma discreta al gobierno nacional. Así, la
movilización se produjo pero no hubo abandono del servicio como en Córdoba” (2).
El hecho que diferencia a estas provincias del resto
donde también hubo incidentes y acuartelamientos (Catamarca, Entre Ríos,
Neuquén, Rio Negro, La Rioja, Chaco, entre otras), es el vínculo que mantienen
sectores de la policía con el narcotráfico. Recordemos que Córdoba y Santa Fe
debieron dejar caer a sus cúpulas policiales, cuyos jefes están detenidos por
complicidad.
Por otro lado, debemos decirlo, ciertos sectores buscaban
con esto extorsionar a algunos mandatarios. “No es el
método y la manera de plantear demandas salariales generando una extorsión a
los gobiernos provinciales”, sostuvo Capitanich y agrego que; “Es un hecho que
no se advertía en 30 años de democracia.
No es casualidad que esta caricatura
de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al
cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida” (3).
…
Otro hecho a resaltar,
es que muchos de los mal llamados “saqueos” no han sido otra cosa que hechos
delictivos organizados. En algunos casos por la misma policía a través de la
manipulación de zonas liberadas y, en otros, por quienes buscan desestabilizar.
A este respecto, la
oposición cuya reacción se hizo esperar, aportó lo siguiente:
El ex diputado bonaerense Leopoldo Moreau sostuvo que, “(las
policías) tienen la responsabilidad primaria y absoluta de preservar la vida y
los bienes de los ciudadanos. No hay ninguna razón que por encima de esa responsabilidad
autorice a acciones que pueden poner en riesgo esos valores (…) Por supuesto
que las demandas salariales tiene legitimidad, pero no deben ser utilizadas por
algunos sectores para realizar procesos de desestabilización”(Télam).
Por su parte Margarita Stolbizer afirmo que, “Hay
legitimidad de origen en el reclamo social y laboral de muchos policías, cuya
integridad no ha sido considerada por muchos años por los sucesivos gobiernos
(…) (pero) no puede amparar presiones ni convalidar complicidades con el
delito” (Télam).
El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, afirmo en
un primer momento que “a la gente no le alcanza el dinero”. La declaración se
da días después de que la ONU le reconociera a la Argentina haber logrado
“hambre cero”.
En respuesta a estas disonantes palabras del mendocino,
el ministro de Justicia Julio Alak sostuvo: “no se puede privar a la población
de la seguridad pública" y sostuvo que "los saqueos no obedecen a
necesidades alimentarias (…) son organizados, no espontáneos y se dan en forma
simultánea con medidas de fuerza” (Télam).
Prueba de esto último ha sido la identificación de varios
“saqueadores”, entre ellos el ex jefe policial y actual concejal massista por
el Frente Renovador, Salvador Baratta. El cual, fue señalado este lunes por el
secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien lo acusó de extorsionar “a los
gobiernos provinciales”, al plantear “que si no se le hace lugar a un reclamo
pasa lo que pasó en Córdoba”.
…
No podemos perder de vista que estamos hablando de
trabajadores más allá de su función específica como funcionario público. Yendo
al meollo del asunto entonces, debemos centrarnos en una cuestión fundamental,
el Estado.
Desde nuestro punto de vista todo reclamo, salarial o de
otra índole, que venga por parte de los trabajadores nos parece legítimo. “Donde
existe una necesidad nace un derecho” sostenía Evita. Debemos contar con
fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales, que cumplan con las
funciones correspondientes a su naturaleza y en las mejores condiciones
laborales posibles. Quizá a partir de allí comencemos por evitar algunos de los
problemas planteados más arriba.
Los reclamos planteados recientemente por los
uniformados, al igual que el resto de los trabajadores estatales, forma parte
de una puja salarial. Agravada en este caso por el hecho de que los uniformados
no poseen agremiación sindical, razón por la cual deciden este tipo de medidas
de fuerza. Dichos agentes públicos se encuentran en una situación de
inferioridad con los demás agentes de la administración.
…
La policía, como sabemos, dependen de las provincias. Estamos
hablando de recursos y de la naturaleza de los mismos con los que a tientas las
provincias cada año negocian en paritarias.
Mientras que la
Argentina creció de manera exponencial en los últimos 10 años, los estados
provinciales se encuentran endeudados.
La raíz de todo esto, debemos buscarla en la reforma de
la CN de 1994 y la Ley de Reforma del Estado. Esto atentó contra el federalismo
económico.
Las Provincias carecen prácticamente de recursos propios,
salvo la facultad de gravar algunos
bienes imponibles. Pero el grueso de la recaudación impositiva se la lleva
la Nación (I.V.A., Ganancias, Impuesto
al Cheque, etc.). Y con ello desaparece el federalismo.
Estas desigualdades subsisten y son una deuda pendiente.
Es necesario, como venimos sosteniendo hace ya tiempo, terminar de desmantelar
el andamiaje legal e institucional del menemismo y dellaruismo. Es fundamental
revisar el sistema tributario argentino. Dicha demanda se la hacemos a quien
posee la legitimidad de origen y de ejercicio para llevarlo adelante, Cristina
Fernández. Habida cuenta también, de que es quien más ha transferido recursos a
las provincias desde la sanción de la nefasta reforma constitucional a nuestros
días.
“Nos parece absolutamente falto de nacionalismo, o sea
falto de ser argentino bien nacido, no responder a los intereses y dolores de
nuestro pueblo, que necesita que regeneremos los mecanismos de acumulación
interna —léase federalismo— para entonces sí propender al desarrollo, a la
seguridad social, a la seguridad en general, a la educación, a la salud (…) Pensamos
que si en realidad necesitamos generar una sociedad autocentrada, o sea, una
sociedad que centre una política económica, social y cultural teniendo en
cuenta su propio interés, las provincias, estas unidades económicas,
constituyen el mecanismo natural e histórico que ha tenido la Argentina para
retener su propia capacidad de ahorro e inversión” (4).
La equidad bien entendida empieza por casa, o mejor, por el
Estado. Las huellas históricas nos marcan el camino para encontrarla. Quizá, la
hallemos en el federalismo argentino.
Notas:
(1) “Hay que ejercer el control político de las fuerzas
de seguridad”, Página/12, 08/12.
(2) Conurbanos, Página/12, 08/12.
(3) Capitanich advirtió sobre acciones que buscan
generar caos a 30 años de la democracia, Télam, 09/12.
(4) Convención Nacional Constituyente, 28ª Reunión -
3 ª Sesión Ordinaria (10/11 de agosto de 1994), intervención del Convencional por Mendoza Dr.
Mauro Aguirre.
