El debate político instalado en las últimas semanas sobre la Promoción Industrial en nuestra Provincia, recalentado por el clima electoral, que beneficia a las provincias vecinas y del que tanto se ha hablado, debe ser tratado desde una óptica más abarcativa más allá de los roces que pueda generar entre la dirigencia política de las provincias centro del país . El tema debe enmarcarse en un modelo de desarrollo económico y social endógeno que consolide el desarrollo de la industria en la Argentina. Buscamos desde esta columna dar a luz algunas reflexiones, a los efectos de contribuir a la discusión de un tema vigente en la región desde hace al menos 30 años.
La firma del decreto 699/2010 que prorroga el Régimen de Promoción Industrial por quince años más para las provincias vecinas, ha generado implicancias políticas significativas, desde el punto de vista político, económico, social y jurídico. Un poco de historia.
Régimen de Promoción Industrial
Legislativamente, la promoción industrial se inicia el 27 de julio de 1977 cuando se aprueba Ley N° 21.608. La misma tuvo por objeto promover la expansión de la capacidad industrial del país, fortaleciendo la participación de la empresa privada en este proceso. Incluía un paquete de beneficios referidos a exención, reducción, suspensión o diferimiento de impuestos, amortización acelerada de activos fijos, privilegios o contracciones de derechos de importación y eventuales regulaciones cuantitativas temporarias a las importaciones. Asimismo, permitió eliminar cualquier diferencia existente entre las empresas nacionales y extranjeras, confiriendo a ambas igual derecho a la promoción (artículo 6°).
En 1979 (durante la última dictadura cívico-militar de Martinez de Hoz y Videla), esta ley se amplía a través del otorgamiento de subsidios para la radicación de actividades en la provincia de La Rioja, incluyendo posteriormente a San Luis, Catamarca y San Juan. Esta normativa tuvo como objetivo tratar de desplazar las actividades de los polos industriales tradicionales (léase Buenos Aires, Rosario y Córdoba) hacia nuevas zonas.
Existe un vicio de origen en dicha medida, consistente en beneficiar las apetencias de la renta oligárquica que se había diversificado a partir de la década del ´30 y que buscaba nuevos horizontes.
Debemos tener en cuenta, que dicha medida se da en el marco de un modelo económico rentístico-financiero donde se deja de lado la producción (característico del modelo de sustitución de importaciones de la década peronista, con predominio del capital nacional, o extranjero en la experiencia frondizista) para darle paso a la especulación. De esta manera mientras una parte de la renta oligárquica se afincaba en algunas regiones del país “promocionadas” para instalar emprendimientos (en algunos casos fraudulentos), otra parte era destinada a la renta financiera para luego fugarla al exterior. Todo ello a costa del Estado.
Con el retorno a la democracia en el ´83, tanto el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín como luego el del Dr. Menem, se limitaron a ampliar dicho beneficio que solo se vio interrumpido por un breve lapso de tiempo, producto de la crisis hiperinflacionaria del ´89. Un dato a destacar es que en 1996 el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo además de prorrogar el régimen de Promoción Industrial por quince años a las provincias ya mencionadas, lo sacó de la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación para pasárselo a los gobernadores. Todo esto, luego de haber realizado los planes de ajuste coyunturales y estructurales en sintonía con el Consenso de Washington, avalados por el FMI.
Mendoza y la Promoción Industrial
Dicho régimen ha generado rispideces en el ámbito regional, que más de una vez derivó en presentaciones judiciales. Tal es el caso del Gobierno de Arturo Lafalla contra la Nación, o la presentación judicial que elaboró el actual Ejecutivo provincial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación motivada por la actual prorroga de beneficios para las provincias vecinas. Una vez más, el problema se empantana en sede judicial.
Comparemos los resultados de este régimen para las provincias que lo poseen y el caso de Mendoza.
El efecto sobre la producción de las cuatro provincias surge del Censo Económico de los años 1973, 1984 y 1993. Se observa un crecimiento en el valor de la producción de la región promovida del 663%, liderado por San Luis con un 2.579% y seguido por Catamarca con un 1.003% y La Rioja con un 991%. San Juan fue la provincia que mostró el menor crecimiento en términos de producción fabril, con un aumento del 126%. Cabe destacar que en este mismo período, la producción industrial nacional aumentó tan sólo un 61%. Esta importante diferencia en la evolución de la región respecto a la nación es atribuible al régimen de promoción.
En tanto, para la provincia de Mendoza los efectos fueron perjudiciales. No sólo por la relocalización de plantas fabriles que emigraron de la provincia en busca de beneficios impositivos (se calcula en $635 millones anuales), sino que también se observa una relocalización de actividades agrícolas, de un valor de producción de $90 millones anuales. Los sectores más perjudicados fueron la industria alimenticia, del vidrio, química, metalúrgica y maquinaria y equipo.
En cuanto al impacto fiscal, el costo estimado en términos de recaudación alcanza un valor actual neto de $1.800 millones, por menor transferencia de recursos coparticipados desde la Nación y por menor recaudación propia.
La necesidad de un Plan Estratégico Industrial
Si bien el efecto de los beneficios impositivos sobre la producción de las cuatro provincias fue sumamente positivo, como contrapartida, el régimen tiene también costos.
Dado que la promoción consiste en disminuir la carga impositiva de los proyectos beneficiados, la contrapartida directa es una menor recaudación impositiva. Es decir que a lo largo del tiempo en el que se aplicó la promoción, el Estado Nacional ha dejado de recaudar un monto cuyo valor actual neto equivale al 21% de la deuda externa argentina o el 11,3% de su PBI.
Podríamos afirmar que, la existencia de este Régimen de Promoción Industrial encuentra su principal causa (a falta de pan, buenas son las tortas) en la ausencia de un Plan Estratégico Industrial, fundamental para la erradicación de los índices de desocupación que aún persisten en la Argentina a pesar del crecimiento económico de los últimos años.
Por caso, en la provincia de Mendoza a pesar de no tener régimen de promoción, y de que muchos emprendimientos hallan emigrado, ha habido un crecimiento económico considerable. Un dato, es que en el 2001 la metalmecánica empleaba en nuestra provincia a 3.000 operarios, en la actualidad dicha rama de la industria posee 7.000 operarios. Mendoza es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, donde desde el 2003 ha habido una fuerte reindustrialización acompañada por la recuperación del empleo. La pregunta es: ¿Qué sucedería si existiese un Plan Estratégico Industrial que consolide un modelo de desarrollo económico y social endógeno, con aprovechamiento de sus cuantiosos recursos naturales (que preserve el medio ambiente) y de sus fuerzas productivas?.
Dicho Plan es exigible a este gobierno por el camino seguido desde el 2003 a la fecha, y por la necesidad de profundizar las medidas hasta aquí tomadas. A los efectos, de generar un crecimiento armónico en todas las provincias del país.
HERNÁN RAMÓN
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